El Senado español plantea un conflicto con el Congreso por la ley de amnistía
Madrid, 10 abr (EFE).- El Senado español, de mayoría conservadora, pidió este miércoles al Congreso que retire la proposición legislativa de amnistía para los condenados, procesados e ...
Madrid, 10 abr (EFE).- El Senado español, de mayoría conservadora, pidió este miércoles al Congreso que retire la proposición legislativa de amnistía para los condenados, procesados e investigados judicialmente por el intento ilegal de independencia de la región de Cataluña, pues entiende que se trata de una "reforma constitucional encubierta".
Por mayoría absoluta, el pleno de la cámara alta aprobó una propuesta del Partido Popular (PP, derecha) que argumenta que la tramitación parlamentaria de esta polémica ley "provoca un conflicto de atribuciones con el Senado".
Los conservadores argumentan que la Mesa del Senado, su órgano rector, advirtió en su día sobre "la manifiesta incompetencia" de esta cámara para legislar sobre la amnistía, dada la "inexistencia de una previsión constitucional" que faculte al Parlamento para ello.
"En realidad, supone una reforma constitucional, dado su efecto de modificar la Constitución para atribuir a las Cortes Generales (Parlamento) una competencia de la que constitucionalmente carecen", adujo la Mesa sobre la base de los informes de la Secretaría General del Senado, y según recuerda la propuesta aprobada hoy.
El PP propuso esta medida con la justificación de que el Congreso tendría que haber tramitado la amnistía como una reforma constitucional, no como una ley.
De esta manera, se plantea un conflicto de competencias entre las dos cámaras legislativas, algo histórico por inédito en la democracia española.
Si el Congreso da una respuesta negativa a la petición o no da ninguna en el plazo de un mes, el Senado podrá ya iniciar un conflicto entre órganos constitucionales ante el Tribunal Constitucional.
El Congreso aprobó la amnistía el 14 de marzo, pactada entre el Partido Socialista, que encabeza la coalición de gobierno, y los propios independentistas catalanes, y apoyada por toda la izquierda parlamentaria.
Obtuvo en la cámara baja 178 votos (mayoría absoluta), con 172 en contra de los conservadores y la extrema derecha, y fue enviada al Senado para proseguir con la tramitación parlamentaria preceptiva antes de la aprobación definitiva.
La ley ha generado una fuerte división política, jurídica y social, con debates acalorados, muchas veces crispados, sobre su constitucionalidad, oportunidad y necesidad.
Es defendida a ultranza por el Gobierno y los socialistas como "constitucional" y para favorecer la convivencia y la normalización institucional, política y social en Cataluña tras el proceso soberanista ilegal de 2017, por el que nueve líderes independentistas fueron condenados a penas de prisión, mientras que otros siguen huidos de la Justicia española.
Por el contrario, la derecha y la extrema derecha reprochan que es el "pago político" que el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, hace a los independentistas para que apoyaran su reelección por el Congreso como jefe del Ejecutivo después de las elecciones generales de julio de 2023.
Los independentistas, a su vez, no se contentan solo con la amnistía, sino que reclaman insistentemente un referéndum de "autodeterminación" en Cataluña.
